Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos.
El Tema 2 presentó la clasificación económica del gasto en su vertiente general (corriente/capital/financiera). Este tema baja al detalle: qué tipos de gasto contiene cada gran capítulo económico —compras de bienes y servicios, inversiones, transferencias— y, en su segunda mitad, dos procedimientos excepcionales de pago ya anticipados en el Tema 5 de este bloque: los anticipos de caja fija y los pagos «a justificar».
Recuerda del Tema 2: la clasificación económica agrupa los créditos por capítulos. En operaciones no financieras: Cap. 1 Gastos de personal; Cap. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios; Cap. 3 Gastos financieros; Cap. 4 Transferencias corrientes; y, ya en operaciones de capital, Cap. 6 Inversiones reales; Cap. 7 Transferencias de capital. En operaciones financieras: Cap. 8 Activos financieros; Cap. 9 Pasivos financieros. El Cap. 5 se reserva al Fondo de Contingencia, ya estudiado en el Tema 3 de este bloque.
Los gastos corrientes —capítulos 1 a 4— son aquellos destinados a retribuir bienes y servicios necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, y que no constituyen la creación de una inversión. Los gastos de capital —capítulos 6 y 7— se caracterizan por no ser gastos de consumo, sino que están destinados a crear inversiones o activos —materiales o inmateriales—, incrementando el patrimonio público.
El Capítulo 2 comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades administrativas, que no producen un incremento del capital o del patrimonio público. Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes con alguna de estas características: ser bienes fungibles; o tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario — material de oficina, suministros, arrendamientos, reparaciones ordinarias, servicios profesionales—.
El Capítulo 6 recoge las inversiones reales: gastos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable. Como regla general, las reparaciones importantes que supongan un incremento de capacidad, rendimiento, eficiencia o alargamiento de la vida útil del bien, se imputan a este capítulo — a diferencia de una reparación menor de mero mantenimiento, que se imputa al Capítulo 2—.
Las transferencias son entregas de fondos, sin contraprestación directa de bienes o servicios por parte de sus perceptores, destinadas a financiar operaciones o actividades concretas de otros agentes económicos —Administraciones, entidades, familias o empresas—. Se dividen, según la naturaleza económica de la operación financiada, en corrientes (Capítulo 4) y de capital (Capítulo 7) — recuerda, del Tema 7 del Bloque V, la conexión de este concepto con las subvenciones, que son, en buena parte, transferencias—.
Las transferencias corrientes financian operaciones corrientes de sus perceptores: son aportaciones destinadas a financiar gastos de funcionamiento —por ejemplo, la aportación del Estado a un organismo autónomo para gastos de personal, o una subvención destinada a sufragar gastos ordinarios de una entidad—.
Las transferencias de capital financian operaciones de capital de sus perceptores: aportaciones destinadas a la financiación de operaciones de inversión, o a la creación o adquisición de bienes de capital por parte del receptor de los fondos —por ejemplo, una subvención finalista para que un ayuntamiento construya un equipamiento público—.
El régimen de los pagos a justificar tiene su origen en el Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo. Recuerda del Tema 5 de este bloque: son pagos «a justificar» aquellas órdenes de pago cuyos documentos justificativos no es posible acompañar en el momento de su expedición. El perceptor de los fondos —normalmente, una Caja Pagadora o Habilitación— queda obligado a justificar la aplicación de las cantidades recibidas, y a reintegrar, en su caso, las cantidades no invertidas.
Solo pueden expedirse órdenes de pago a justificar cuando esos pagos no sean susceptibles de tramitarse mediante el sistema de anticipos de caja fija (folios siguientes). Con cargo a los fondos a justificar únicamente pueden satisfacerse obligaciones correspondientes a gastos autorizados en el mismo ejercicio presupuestario en que se aprueben los libramientos, y no puede expedirse una nueva orden de pago a justificar a una Caja Pagadora que tenga pendientes de justificar libramientos anteriores cuyo plazo ya haya vencido.
Con carácter general, la Caja Pagadora queda obligada a justificar la aplicación de las cantidades recibidas dentro del mes siguiente a la inversión de los fondos y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde su percepción — plazo que, excepcionalmente, puede ampliarse hasta seis meses por el órgano competente, cuando concurran causas justificadas—.
Los anticipos de caja fija son provisiones de fondos, de carácter extrapresupuestario, que se realizan a Cajas Pagadoras o Habilitaciones para atender gastos periódicos o repetitivos — material no inventariable, suministros menores, conservación—, y que se aplican después al presupuesto conforme se van justificando.
El régimen de los anticipos de caja fija se estableció, junto con el de los pagos a justificar, en el Real Decreto 640/1987. Los fondos con esta condición solo pueden destinarse a satisfacer obligaciones que reúnan determinados requisitos: no cabe, con carácter general, tramitar libramientos a favor de perceptores directos —salvo determinadas excepciones de escasa cuantía—, ni realizar con cargo al anticipo pagos individualizados que superen los límites cuantitativos fijados para cada gasto, sin poder fraccionar un único gasto en varios pagos para eludir esos límites.
La cuantía de los anticipos de caja fija concedidos a cada centro gestor se fija por un importe determinado, que no puede exceder, con carácter general, del 7% de los créditos del Capítulo 2 —Gastos en bienes corrientes y servicios— cuya gestión le corresponda, en el presupuesto vigente en el momento de su constitución — mismo porcentaje del 7%, aunque con fundamento distinto, ya visto en el Tema 5 del Bloque V para la reserva de discapacidad; conviene no confundirlos—.
La cuantía del anticipo de caja fija se va minorando a medida que se realizan los pagos con cargo a él, y se repone a medida que se efectúa la justificación de las facturas o gastos ya pagados — el Cajero Pagador puede solicitar la reposición de fondos cuando el importe de los pagos justificados alcance un determinado porcentaje de la cantidad fijada como anticipo—. La aplicación al presupuesto de los gastos realizados con cargo al anticipo, junto con la propuesta de reposición, se instrumenta mediante el correspondiente documento contable, que se acompaña de la cuenta justificativa.
Tanto los pagos a justificar como los anticipos de caja fija se justifican mediante la correspondiente cuenta justificativa, formada y rendida por el Cajero Pagador, y conformada por el titular de la unidad administrativa o del órgano gestor del gasto correspondiente. La cuenta se compone, entre otra documentación, de las facturas o documentos justificativos originales, debidamente relacionados, que acreditan la aplicación definitiva de los fondos librados — solo con esta cuenta aprobada se cierra el ciclo abierto por el libramiento inicial, imputándose definitivamente el gasto al presupuesto—.
Cierre del tema: tres piezas, con su elemento clave.